Después de la Intervención

El 24 de junio de 2026, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron el norte de Venezuela (USGS 2026a; 2026b). El desastre dejó miles de muertos y heridos, desplazó comunidades enteras y desencadenó una emergencia humanitaria de proporciones sin precedentes. Para el 5 de julio de 2026, el balance oficial ascendía a 3.342 fallecidos y 16.740 heridos, por lo que el impacto humano definitivo de la tragedia permanecía aún sin determinar (Deutsche Welle 2026). Pero, además de destruir viviendas, hospitales e infraestructura crítica, el desastre expuso algo mucho más profundo: el verdadero estado de las capacidades institucionales del país.

Los desastres naturales poseen una particularidad que los convierte en una prueba excepcional para cualquier gobierno. Suspenden las disputas ideológicas, vuelven irrelevantes las narrativas políticas y obligan a responder con eficacia inmediata. En cuestión de horas, la fortaleza de un país deja de medirse por sus indicadores macroeconómicos o por el discurso de sus gobernantes y pasa a depender de la capacidad de coordinar cuerpos de rescate, mantener operativos los hospitales, garantizar comunicaciones, restablecer servicios públicos y proteger a la población. Allí donde esa capacidad existe, se salvan vidas; donde ha sido erosionada, el desastre multiplica sus consecuencias.

El terremoto convirtió en evidencia una realidad que durante años permaneció parcialmente oculta tras el debate político venezolano. La crisis del país nunca fue exclusivamente económica ni estrictamente política. Fue, sobre todo, una crisis de capacidad estatal (Evans, Rueschemeyer & Skocpol 1985; Migdal 1988; Fukuyama 2004). Décadas de concentración del poder, partidización de la administración pública, corrupción, desprofesionalización burocrática, deterioro de la infraestructura y abandono de los servicios públicos terminaron debilitando la función más elemental del gobierno: proteger a sus ciudadanos (Olson 1993).

Este análisis parte de un hecho que modificó por completo el escenario político venezolano. La acción militar ejecutada por Estados Unidos el 3 de enero de 2026, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, abrió una etapa inédita de reconfiguración política (Hill et al. 2026). Sin ese acontecimiento difícilmente existiría hoy un debate sobre la reconstrucción del Estado venezolano. Todas las oportunidades, tensiones y desafíos que enfrenta el país deben comprenderse a partir de esa nueva realidad.

Sin embargo, el cambio político no equivale, por sí mismo, a una reconstrucción institucional. La sustitución del centro del poder abrió la posibilidad de redefinir el rumbo del país, pero no alteró automáticamente la capacidad del Estado para garantizar bienestar, derechos y protección social. Esa distinción resulta decisiva para comprender el momento actual.

Existe, además, una segunda tensión que condiciona el proceso. Aunque el gobierno surgido tras la intervención estadounidense opera bajo una nueva arquitectura de poder y un claro tutelaje político y militar de Washington, buena parte de quienes hoy administran el ordenamiento institucional venezolano ocupaban posiciones de alta responsabilidad durante el gobierno de Nicolás Maduro. Son los mismos actores que participaron en la conducción del aparato estatal durante el período en que se produjo el mayor deterioro institucional de la historia contemporánea del país y bajo cuya gestión se profundizaron la destrucción de los servicios públicos, el colapso de la protección social y la pérdida sostenida de calidad de vida de millones de venezolanos.

Esta continuidad no constituye únicamente una particularidad política; representa uno de los principales desafíos de la reconstrucción. Por primera vez, la recuperación institucional recae, en buena medida, sobre actores que también fueron responsables de administrar el proceso de degradación del Estado. La legitimidad del nuevo ciclo dependerá, por tanto, no solo de la estabilidad que logre producir, sino de su capacidad para revertir las consecuencias de las decisiones que muchos de sus propios dirigentes contribuyeron a consolidar.

Ese es el punto de partida de la reflexión. La discusión sobre Venezuela ya no puede limitarse a explicar cómo terminó un ciclo político. La pregunta decisiva es otra: ¿el proceso abierto el 3 de enero está reconstruyendo el Estado venezolano o únicamente está reorganizando el ejercicio del poder sobre un aparato institucional que continúa profundamente debilitado?

De la respuesta dependerá no solo la viabilidad de la recuperación económica, sino también la legitimidad del nuevo orden político que comienza a emerger. Porque una sociedad no empieza a reconstruirse cuando cambia quien gobierna, sino cuando el Estado recupera la capacidad de proteger a sus ciudadanos.

LA CONTINUIDAD DEL GOBIERNO BAJO TUTELA ESTADOUNIDENSE

La captura de Nicolás Maduro alteró de manera abrupta el equilibrio político venezolano. Más allá de los debates jurídicos o geopolíticos que una operación de esa naturaleza inevitablemente suscita, produjo un hecho difícil de discutir: desplazó el centro efectivo de decisión desde Caracas hacia Washington (Hill et al. 2026). La reconfiguración política que siguió a la intervención militar estadounidense inauguró una etapa inédita en la historia reciente del país, marcada por un gobierno que opera bajo tutela norteamericana y cuya estabilidad depende, en buena medida, del respaldo político, económico y militar de Estados Unidos.

Ese nuevo contexto abrió oportunidades que parecían inalcanzables pocos meses antes. La flexibilización de las sanciones, la recuperación del sector energético, el restablecimiento de relaciones con actores internacionales y la expectativa de una mayor inversión extranjera comenzaron a configurar un escenario de estabilización económica impensable durante los últimos años del gobierno de Maduro. Desde una perspectiva pragmática, esa estrategia resulta comprensible. Después de una contracción económica prolongada, Venezuela necesita recuperar ingresos, reconstruir su capacidad fiscal y restablecer condiciones mínimas para financiar cualquier proyecto nacional.

Sin embargo, la recuperación económica no agota el problema de la reconstrucción. El verdadero desafío consiste en determinar si ese proceso está acompañado por una reconstrucción equivalente de las capacidades institucionales del Estado o si, por el contrario, la reorganización del poder avanza con mayor rapidez que la transformación de las instituciones.

La continuidad de buena parte de las élites gubernamentales obliga a formular esa pregunta. Aunque la conducción política del país responde hoy a una nueva correlación de fuerzas, numerosos actores que ocupan posiciones de dirección en el gobierno actual participaron también en la administración del Estado durante el ciclo encabezado por Nicolás Maduro. No se trata simplemente de funcionarios que permanecieron en sus cargos por razones técnicas o administrativas. En muchos casos fueron responsables de diseñar, ejecutar o respaldar las decisiones políticas que acompañaron el deterioro institucional, el debilitamiento de los servicios públicos, la pérdida de capacidades estatales y el progresivo empobrecimiento de la sociedad venezolana.

Esta circunstancia introduce una tensión poco frecuente en los procesos de reconstrucción nacional. En otras experiencias históricas, los cambios de régimen estuvieron acompañados por una renovación significativa de las élites encargadas de dirigir los procesos (Ghani & Lockhart 2008). En Venezuela, en cambio, la reconstrucción comienza con una importante continuidad administrativa y política. El resultado es paradójico: quienes hoy tienen la responsabilidad de reconstruir el Estado son, en buena medida, quienes participaron en la administración del Estado cuya degradación hizo necesaria esa reconstrucción.

La reconstrucción de un Estado exige revisar las prácticas, prioridades y formas de gestión que condujeron a su debilitamiento. Cuando los responsables de impulsar ese proceso pertenecen a las mismas estructuras políticas que administraron el deterioro, la legitimidad de la reconstrucción dependerá menos de los discursos y mucho más de la capacidad para producir cambios verificables en el funcionamiento del Estado.

Es precisamente en este punto donde emerge la categoría analítica de reconstrucción asimétrica, desarrollada en este análisis para describir un proceso en el que la estabilización geopolítica y económica avanza con mayor velocidad que la reconstrucción de las capacidades estatales necesarias para garantizar bienestar, derechos y protección ciudadana (Paris & Sisk 2009; Ghani & Lockhart 2008). No supone que ambas dimensiones sean incompatibles ni cuestiona la necesidad de recuperar la economía venezolana. Por el contrario, reconoce que sin crecimiento, inversión y estabilidad fiscal difícilmente será posible reconstruir hospitales, escuelas, infraestructura o sistemas de protección social. La advertencia es otra: cuando la recuperación económica se convierte en el principal indicador de éxito, existe el riesgo de relegar la reconstrucción institucional a un segundo plano.

Ese riesgo resulta especialmente relevante en Venezuela. La crisis no destruyó únicamente la capacidad productiva del país; debilitó las instituciones encargadas de transformar los recursos económicos en bienes públicos. Un aumento de la producción petrolera puede mejorar las cuentas nacionales, pero no reconstruye por sí mismo un sistema hospitalario, profesionaliza la administración pública, fortalece la justicia o restablece la confianza entre la ciudadanía y el Estado. Esas transformaciones requieren decisiones políticas, reformas institucionales y una concepción de la reconstrucción que vaya más allá de la estabilización macroeconómica, es decir, de la capacidad infraestructural del Estado para implementar efectivamente sus decisiones en el conjunto de la sociedad (Mann 1984).

La historia demuestra que numerosos procesos de recuperación nacional fracasaron precisamente por confundir ambos planos. Reconstruyeron la economía sin reconstruir el Estado (Fukuyama 2004; Ghani & Lockhart 2008). Venezuela enfrenta hoy la oportunidad —y la responsabilidad— de evitar ese error. El éxito del nuevo ciclo político no dependerá únicamente de la rapidez con la que regresen las inversiones o aumenten las exportaciones, sino de su capacidad para convertir esa recuperación en instituciones más eficaces, profesionales y orientadas al bienestar de la población.

Solo entonces podrá afirmarse que el país atraviesa una verdadera reconstrucción y no simplemente una nueva administración de las mismas debilidades estructurales.

EL BIENESTAR COMO CRITERIO DE LEGITIMIDAD

Las reconstrucciones nacionales suelen evaluarse por la velocidad con la que recuperan el crecimiento económico, estabilizan las instituciones políticas o restablecen la confianza de los mercados. Sin embargo, estos indicadores, aunque relevantes, dicen poco sobre la experiencia cotidiana de la ciudadanía. Los Estados no adquieren legitimidad porque mejoran sus cifras macroeconómicas, sino porque demuestran que son capaces de proteger a las personas, garantizar derechos y ampliar sus oportunidades de vida (Rothstein 1998; Rosanvallon 2011).

Esa distinción resulta particularmente importante para Venezuela. Después de más de dos décadas de deterioro institucional, el desafío no consiste únicamente en recuperar la capacidad productiva del país, sino en reconstruir las instituciones que hacen posible transformar esa recuperación en bienestar colectivo. En ausencia de esa mediación, el crecimiento económico corre el riesgo de convertirse en una mejora estadística sin una traducción equivalente en la calidad de vida de la población.

La experiencia latinoamericana ofrece múltiples ejemplos de esa tensión. Durante las últimas décadas, varios países registraron períodos de expansión económica que convivieron con profundas desigualdades, servicios públicos precarios y una persistente desconfianza hacia las instituciones (CEPAL 2016; Huber & Stephens 2012). El crecimiento, por sí solo, no produjo sociedades más cohesionadas ni Estados más legítimos. Allí donde el fortalecimiento económico no estuvo acompañado por una ampliación efectiva de las capacidades estatales, la prosperidad terminó distribuyendo de manera desigual y la legitimidad democrática permaneció frágil.

Venezuela enfrenta hoy ese mismo desafío, aunque desde un punto de partida mucho más crítico. La destrucción acumulada del sistema sanitario, el deterioro de la educación pública, el colapso de la infraestructura, la precarización de la administración pública y la pérdida de los mecanismos de protección social no constituyen problemas sectoriales. La pobreza multidimensional, impulsada crecientemente por deficiencias en vivienda, servicios públicos y educación más que exclusivamente por ingresos, continúa afectando al 55 % de la población, dieciséis puntos porcentuales por encima de los niveles registrados en 2014, incluso cuando la pobreza monetaria ha mostrado una reducción (ENCOVI 2026). Son manifestaciones de un mismo fenómeno: el debilitamiento progresivo del Estado como garante del bienestar ciudadano.

Por esa razón, la reconstrucción no debería entenderse únicamente como un proceso de recuperación económica, sino como una estrategia para reconstruir capacidades estatales. Hospitales que funcionen, escuelas capaces de formar capital humano, sistemas judiciales confiables, servicios públicos estables, organismos de protección civil preparados para responder a emergencias y administraciones profesionales no representan políticas aisladas. Constituyen la infraestructura institucional del bienestar sobre la que descansa la legitimidad de cualquier democracia contemporánea (Rothstein 1998; Rosanvallon 2011).

El terremoto de junio permitió observar esa realidad con una claridad excepcional. En medio de la emergencia, dejaron de ser relevantes las discusiones sobre crecimiento, inversión o producción petrolera. La pregunta pasó a ser mucho más elemental: ¿tenía el Estado la capacidad de proteger a la población? La respuesta dependía de la existencia de instituciones operativas, personal capacitado, infraestructura resiliente y mecanismos de coordinación eficaces (Cohen & Werker 2008). En ese momento quedó en evidencia que el verdadero patrimonio estratégico de una nación no son únicamente sus recursos naturales o su capacidad exportadora, sino la fortaleza de las instituciones encargadas de preservar la vida y reducir la vulnerabilidad social.

Desde esta perspectiva, el bienestar deja de ser una política pública entre muchas otras para convertirse en el principal criterio de legitimidad del nuevo orden político (Rothstein 1998; Rosanvallon 2011). Un gobierno puede estabilizar la economía, atraer inversiones y recuperar el crecimiento. Pero si los ciudadanos continúan enfrentando hospitales colapsados, escuelas deterioradas, servicios públicos intermitentes y un Estado incapaz de responder frente a una crisis, la reconstrucción permanecerá incompleta.

Esta afirmación adquiere una importancia particular en el contexto venezolano. La intervención militar del 3 de enero abrió una oportunidad inédita para reorganizar el poder político y recuperar la economía (Hill et al. 2026). Esa oportunidad sólo podrá consolidarse si logra traducirse en una transformación verificable de las capacidades estatales. De lo contrario, la nueva arquitectura política corre el riesgo de reproducir una paradoja frecuente en los procesos de poscrisis: reconstruir la economía sin reconstruir plenamente el Estado.

En última instancia, la legitimidad del nuevo ciclo no dependerá de la magnitud de la inversión extranjera ni del número de barriles de petróleo exportados. Dependerá de algo mucho más exigente: que los ciudadanos vuelvan a experimentar al Estado como una institución capaz de protegerlos, ofrecerles oportunidades y responder eficazmente cuando su seguridad y su bienestar estén en riesgo.

RECONSTRUIR INSTITUCIONES PARA LA DIGNIDAD HUMANA

La reconstrucción de Venezuela apenas comienza y resulta prematuro anticipar sus resultados. La intervención militar estadounidense del 3 de enero modificó de manera irreversible la correlación de fuerzas, abrió un escenario político impensable pocos meses antes y creó condiciones para iniciar la recuperación económica del país (Hill et al. 2026). Esa nueva realidad constituye, sin duda, una oportunidad histórica. Pero toda oportunidad también redefine el criterio con el que será juzgada.

Durante años, el debate venezolano estuvo dominado por una pregunta: cómo producir un cambio político. Hoy la interrogante es distinta. La cuestión ya no consiste únicamente en quién ejerce el poder, sino en qué tipo de Estado está comenzando a construirse. Ese desplazamiento es decisivo, porque las sociedades no consolidan su recuperación cuando cambia un gobierno, sino cuando las instituciones recuperan la capacidad de cumplir las funciones para las que fueron creadas (Fukuyama 2004).

En ese contexto, la estabilización económica representa una condición necesaria, pero no suficiente. Venezuela necesita inversión, crecimiento y una recuperación sostenida de su capacidad productiva para financiar la reconstrucción nacional. Sin esos recursos, será imposible recuperar hospitales, escuelas, infraestructura, sistemas de protección civil o una administración pública profesional. Sin embargo, convertir la recuperación económica en el principal indicador del éxito político implicaría confundir el instrumento con el objetivo.

La verdadera reconstrucción comenzará cuando el crecimiento se traduzca en capacidades estatales. Cuando la inversión permite reconstruir instituciones y no únicamente balances fiscales. Cuando la recuperación del sector energético fortalezca la educación, la salud, la infraestructura y la protección social. En definitiva, cuando la economía vuelva a estar al servicio del Estado y el Estado al servicio de la sociedad.

Ese desafío adquiere una dimensión aún mayor debido a la naturaleza del propio proceso político venezolano. La reconstrucción no está siendo conducida por una generación completamente nueva de dirigentes, sino, en buena medida, por actores que ocuparon posiciones de responsabilidad durante el período en que se produjo el mayor deterioro institucional del país. Esa continuidad convierte la reconstrucción en una exigencia política mucho más severa. No bastará con administrar mejor el Estado existente; será necesario demostrar capacidad para transformar las prácticas, prioridades y resultados de un aparato institucional cuya degradación ellos mismos contribuyeron a administrar.

La legitimidad del nuevo orden dependerá precisamente de esa capacidad. No de las declaraciones oficiales, ni del reconocimiento internacional, ni siquiera de la estabilidad política que logre alcanzarse, sino de la evidencia cotidiana de que el Estado vuelve a proteger a sus ciudadanos y a ampliar sus oportunidades de vida (Rothstein 1998; Rosanvallon 2011).

El terremoto del 24 de junio dejó una enseñanza que trasciende el caso venezolano. Los desastres naturales eliminan las ficciones sobre las que con frecuencia se construye la legitimidad política (Cohen & Werker 2008). Cuando una sociedad enfrenta una emergencia de gran magnitud, desaparecen las consignas, las identidades partidistas y las disputas ideológicas. Solo permanece una pregunta: ¿es el Estado capaz de proteger a su población? La respuesta nunca depende de los discursos. Depende exclusivamente de la fortaleza de sus instituciones.

Quizá esa sea también la principal lección para América Latina. En un contexto internacional marcado por la competencia geopolítica, la transición energética, la aceleración tecnológica y la creciente fragmentación política, los Estados volverán a ser evaluados menos por su capacidad para generar crecimiento que por su capacidad para reducir la vulnerabilidad de sus sociedades. La legitimidad democrática dependerá cada vez más de la posibilidad de ofrecer seguridad, bienestar y protección frente a riesgos cada vez más complejos.

Desde esa perspectiva, el caso venezolano constituye algo más que una transición política. Representa un laboratorio para observar si es posible reconstruir un Estado después de un prolongado proceso de colapso institucional sin reproducir las lógicas que condujeron a ese deterioro.

El éxito de la reconfiguración política iniciada el 3 de enero no será recordado únicamente por haber puesto fin a un ciclo de poder. Será juzgado por una pregunta mucho más exigente: si fue capaz de reconstruir un Estado que volviera a cuidar de su sociedad. Porque, en última instancia, esa es la diferencia entre administrar una recuperación económica y reconstruir verdaderamente una nación.

Referencias

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 2016. La matriz de la desigualdad social en América Latina. Santiago de Chile: Naciones Unidas. https://www.cepal.org/es/publicaciones/40668-la-matriz-la-desigualdad-social-america-latina.

Cohen, Charles & Eric D. Werker. 2008. “The Political Economy of ‘Natural’ Disasters”. Journal of Conflict Resolution 52 (6): 795-819. https://www.jstor.org/stable/27638641.

Deutsche Welle. 2026. “Venezuela reporta 3.342 muertos sin cifras de desaparecidos”. 5 de julio de 2026. https://www.dw.com/es/venezuela-reporta-3342-muertos-sin-cifras-de-desaparecidos/a-77841601.

Evans, Peter, Dietrich Rueschemeyer & Theda Skocpol. 1985. Bringing the State Back In. Cambridge: Cambridge University Press.

Fukuyama, Francis. 2004. State-Building: Governance and World Order in the Twenty-First Century. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Ghani, Ashraf, & Clare Lockhart. 2008. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured World. Oxford: Oxford University Press.

Hill, Evan, Joyce S. Lee, Alex Horton, Jarrett Ley, Adrián Blanco Ramos & Tim Meko. 2026. “How the Military Operation to Capture Maduro Unfolded”. The Washington Post, 3 de enero de 2026. https://www.washingtonpost.com/world/2026/01/03/maduro-capture-venezuela-visuals/.

Huber, Evelyne & John D. Stephens. 2012. Democracy and the Left: Social Policy and Inequality in Latin America. Chicago: University of Chicago Press.

Mann, Michael. 1984. “The Autonomous Power of the State: Its Origins, Mechanisms and Results”. European Journal of Sociology 25 (2): 185-213. https://www.jstor.org/stable/23999270.

Migdal, Joel S. 1988. Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Olson, Mancur. 1993. “Dictatorship, Democracy, and Development”. American Political Science Review 87 (3): 567-576. https://doi.org/10.2307/2938736.

Paris, Roland & Timothy D. Sisk. 2009. The Dilemmas of Statebuilding: Confronting the Contradictions of Postwar Peace Operations. London: Routledge.

ENCOVI. 2026. “Encuesta Nacional de Condiciones de vida 2025”. Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES-UCAB). https://www.proyectoencovi.com.

Rosanvallon, Pierre. 2011. Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Rothstein, Bo. 1998. Just Institutions Matter: The Moral and Political Logic of the Universal Welfare State. Cambridge: Cambridge University Press.

United States Geological Survey (USGS). 2026a. “M 7.2 - 21 km ENE of San Felipe, Venezuela”. Earthquake’s Hazard Program. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/browse/significant.php.

United States Geological Survey (USGS). 2026b. “M 7.5 - 20 km ESE of Yumare, Venezuela”. Earthquake’s Hazard Program. https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eventpage/us6000t7zp/executive.

Recibido: 6 de julio de 2026

Aceptado para publicación: 7 de julio de 2026

Copyright © 2026 CEBRI-Revista. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia de atribución de Creative Commons, que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones en cualquier medio, siempre que el artículo original se cite correctamente.